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Cita la Permanente a Blake y Espinosa

La estrategia presidencial, subordinada a Washington: PRI y PRD

La Comisión Permanente acordó ayer las comparecencias de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Francisco Blake y Patricia Espinosa, respectivamente, para que expliquen el alcance real de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos para el combate al crimen organizado, luego de lo publicado por el diario The New York Times, en el sentido de que elementos de las agencias de inteligencia y del Pentágono actúan en México y participan de manera directa en el combate al narcotráfico.
Lo anterior fue la discusión central ayer en la sesión de la Comisión Permanente, y durante el debate PRI y PRD reprocharon que la estrategia del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad y delincuencia organizada esté absolutamente subordinada a los intereses de Estados Unidos.
También reprobaron que Calderón actúe a espaldas del Congreso. Es vergonzoso que los mexicanos nos enteremos por un medio informativo de Estados Unidos de la presencia de agentes extranjeros en México operando en contra del crimen organizado, advirtió el senador Carlos Jiménez Macías (PRI).
Recalcó que ello no sólo refleja la ineficiencia del gobierno para darle a los mexicanos seguridad, sino también ratifica la descarada dependencia que tenemos de Estados Unidos. Lamentó que persista una estrategia fallida en la que nosotros sigamos poniendo los muertos y ellos las armas y el consumo, e insistió en que debe haber transparencia,
Al exponer la postura del PRD, el senador José Guadarrama recalcó que el gobierno mexicano sigue asumiendo acuerdos y compromisos a espaldas de la sociedad.
Reprobó que el gobierno federal oculte información y asuma un papel de subordinación frente al vecino del norte.
Creemos indispensable que el Poder Ejecutivo informe sobre los términos y modalidades de participación de diversas agencias de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional, así como la existencia y operación de una base militar en el norte del país.
El PAN, a través del senador Luis Alberto Villarreal, pidió no hacer juicios a priori, ni sostener “que efectivamente lo que dijo el New York Times es un hecho cierto”. Sería inadmisible e inaceptable que un gobierno de otro país, en un ánimo de cooperar, viole las leyes o la soberanía de nuestro país.
El también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte recalcó que él junto con las senadoras Claudia Korichi y Rosario Green forman parte de la comisión que da seguimiento a la Iniciativa Mérida, por lo que tienen información permanente en torno a ese mecanismo.
Parte de ese plan tiene que ver precisamente con asesoría y para nadie debe ser una sorpresa que haya asistencia técnica de Estados Unidos a México.
El panista agregó que junto con otros legisladores ha visitado también las instalaciones del Comando Norte para conocer los programas de asesoría y adiestramiento que se aplican a varios de los funcionarios de seguridad pública y de fuerzas del orden de nuestro país.
Añadió que escuchó además las declaraciones de funcionarios del gobierno mexicano y del propio presidente Obama, por lo que no puede admitir la información que dio el New York Times.
Finalmente, el diputado del PT Amadeo Espinosa dijo: Nos quedan muchas dudas de que la famosa estrategia contra el narcotráfico de Calderón haya sido decidida aquí, más bien lo fue en Washington.

Se pactó que actuaran agentes de EU en México

Calderón y Obama signaron carta de entendimiento: legisladores.
 
El acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono, que trabajan conjuntamente con autoridades mexicanas en un centro de fusión e inteligencia para el combate al narcotráfico, forma parte de una carta de entendimiento signada por ambos gobiernos hace 18 meses.
Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos meses, cuando los estadunidenses iniciaron trabajos de inteligencia y de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga en una base militar ubicada en el norte de México.
El senador del PRI Carlos Jiménez Macías dijo que ha recibido información de la existencia de ese memorando de entendimiento, que confirma gran parte de lo publicado por The New York Times. Es uno de los puntos que el gobierno de Calderón debe explicar al Congreso, recalcó, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional.
Otras fuentes en el Senado revelaron que, según esa carta de entendimiento, los responsables del centro de fusión –similar a los que usa Estados Unidos en Afganistán e Irak– son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por parte de México, y por Estados Unidos la CIA y la DEA.
Quienes conforman la base de Estados Unidos pertenecen, además de las dos agencias anteriores, al Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Defensa, con algunos integrantes del Comando Norte y del Pentágono.
Se sabe que los participantes en la operación por parte del Departamento de Defensa estadunidense son funcionarios civiles con experiencia castrense y algunos militares retirados. Ello es una trampa, ya que si fueran tropas se requeriría la autorización específica del Senado para poder estar en el país, comentó el senador del PT Ricardo Monreal.
El legislador zacatecano dijo que tiene información de que se pretende dar un viso de legalidad a la presencia de los agentes de Estados Unidos en México, con el argumento de que no operan a espaldas del gobierno mexicano, sino que son parte de un esquema de cooperación “dentro de la guerra de Calderón contra el narco”, y que su presencia se enmarca en las reglas ya autorizadas por el Congreso para agentes extranjeros.
Una versión que circuló también en el Senado es que un selecto grupo de legisladores estaba al corriente de ese acuerdo, pero la mayoría lo negó ayer. Para mí ha sido una sorpresa conocer que hay un acuerdo México-Estados Unidos para una acción conjunta en territorio mexicano. Esto tiene muchos filos que hay que evaluar, sin duda alguna, y por eso la Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo en ese sentido, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.
Igualmente, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, rechazó que estuviera al tanto de ese operativo, al igual que el presidente de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, el senador René Arce.
A su vez, Jiménez Macías (PRI) precisó que es grave la información que dio a conocer The New York Times, en el sentido de que agencias de seguridad de Estados Unidos operan en México. Otras fuentes legislativas sostuvieron, sin embargo, que en la carta de entendimiento no se plantea la incorporación de contratistas, ni hay una propuesta del gobierno de Obama en ese sentido.
Con respecto a los vuelos no tripulados sobre territorio nacional, la información del rotativo estadunidense es inexacta, toda vez que estaban operando seis o siete meses antes de la reunión de Calderón y Obama, el pasado 3 de marzo.
Ayer, durante el debate en la Permanente, el senador del PRD Pablo Gómez recordó que los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en el operativo Rápido y furioso.

“El Chapo”, “El Teo” y “La Familia” compraron armas de “Rápido y Furioso”

Washington, EU.- Carlos Canino participó en la tercera audiencia congresional sobre la investigación del fallido operativo.
Documentos de investigación revelaron que las armas cruzadas a México como parte de Rápido y Furioso llegaron a manos del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias, “El Chapo”, de Teodoro García Simental, alias, “El Teo” y del Cártel de “La Familia Michoacana”.
“La mayoría de esas armas han sido decomisadas a criminales dedicados al tráfico de drogas, secuestro, extorsión y otros crímenes” dijo al comité José Wall, agente especial de ATF, asignado a Tijuana, Baja California, quien rechazó que los agentes asignados a México hubieran participado.
“Nunca creí que alguien dentro de ATF dejara que esas armas cruzaran y terminaran en manos de criminales en una operación aparentemente aprobada por el Departamento de Justicia, con la esperanza de atrapar un pez gordo” agregó.
William Newell, ex agente especial asignado a Phoenix, Arizona, dijo que la operación ‘Rápido y Furioso’ fue diseñada por la Fuerza de Tarea de Contra el Crimen Organizado y Narcotráfico (OCDETF) en 2009, como parte de la Estrategia de la Frontera Sur para combatir a los cárteles mexicanos, que finalizo en enero de 2010.
Explicó que el objetivo del operativo era identificar compradores, patrocinadores, transportistas y abastecedores de armas de los cárteles de drogas; interceptar, cuando fuera legal, armas de fuego destinadas a México, compartir cuando fuera necesario información con autoridades mexicanas y desarrollar información de inteligencia de organizaciones de tráfico de armas.
“Nunca fue propósito de la investigación permitir el transporte de armas a México y hasta donde yo sé, ninguno de los sospechosos en este caso, vio a ninguno de nuestros agentes cruzar la frontera con armas de fuego” señaló.
Newell dijo que “quisieron ser innovadores rastreando y decomisando armas compradas por terceros” y que durante el operativo Rápido y Furioso, “se hicieron razonables esfuerzos para compartir y coordinar información y detalles relevantes de la investigación con sus contrapartes mexicanas”.
“Desde el inicio de la investigación en 2009, con las primeras consignaciones, hicimos esfuerzos razonables para mantener informado a nuestro colega representante de la PGR en Phoenix y mis colegas en la embajada en México” dijo Newell.
Newell aseguró que “inclusive invitó a fiscales mexicanos a participar en sesiones informativas con hechos del caso”.
Carlos Canino dijo que ” lo que ocurrió fue inexplicable y que agentes de ATF en México no fueron informados”.
Darrell Gil, ex agregado de ATF en México, comenzó su intervención pidiendo disculpas a sus colegas mexicanos y al pueblo de México, por la operación ‘Rápido y Furioso’.”Espero que entiendan que esta operación se mantuviera en secreto para la mayoría de agentes de ATF, incluyendo a sus compañeros en México y porque la operación resultó en sufrimiento, dolor y muerte para el pueblo Mexicano.” dijo.
Gil dijo que en ‘Rápido y Furioso’ hubo juicios pobres, mal manejo y falta de liderazgo, lo que significó un desastre.
José Wall dijo que la fallida operación “puso armas altamente letales en manos de gente que no tiene respeto por la vida humana, representa una amenaza para todos, amenaza de la que nadie es inmune, especialmente policías y militares mexicanos”.
Durante la audiencia, Newell fue intensamente cuestionado por los errores del operativo, sobre las maniobras clandestinas ocultadas al gobierno de México, sobre la falta capacidad para monitorear y rastrear y sobre todo por la irresponsabilidad.
Newell fue acusado de escribir la más negra página en la relación policiaca México-EU, actuando a espaldas de quien le solicitó ayuda para desarmar a los cárteles.
William McMahon dijo que el objetivo de la investigación fue identificar y ubicar a los responsables del contrabando de grandes cantidades de armas para los cárteles Mexicanos.
El primer gran decomiso de estas armas, vendidas a presuntos integrantes de cárteles mexicanos, tuvo lugar el 20 de Noviembre de 2009 en Sonora.
Eran 42 armas, 41 aks y un rifle de francotirador calibre .50, que esta registrado entre las armas compradas bajo el operativo.
Frase:“El dinero pasa, la bolsa queda; el agua pasa, la arena queda; el hombre pasa… su nombre queda”
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